A Diego le costó caro comprar un teléfono celular a crédito en una tienda departamental. Al quedar desempleado dejo de pagar los abonos de 150 “pesitos” semanales, como lo había hecho durante año y medio. Comenzó entonces a recibir cartas de despachos de cobranza, exigiéndole que pagara 7 mil pesos, pues de lo contrario “se le embargaría” y “aplicaría prisión por delito de fraude”. Por insólito que parezca, la primera amenaza se cumplió: la compañía, por medio de un despacho jurídico presentó lo que según era una orden de embargo, para en seguida llevarse refrigerador, televisión, horno de microondas y estéreo en realidad, ninguna autoridad judicial había ordenado este supuesto embargo.
Los despachos dedicados a recuperar cartera vencida de los bancos o las tiendas que venden a crédito se han vuelto más exigentes en sus métodos de cobro. Exiges el pago e insultas a la gente, espantas a los niños, les dices, ‘Pásame a tu papá, si no lo haces hay una patrulla afuera de tu casa. Lo buscan por ratero’”, confiesa un gestor. A todo esto le sumamos las insistentes llamadas a horas inoportunas y las cartas que simulan ser documentos judiciales.
En México ninguna autoridad regula el proceder de tales despachos que, en los actuales tiempos de crisis, son un negocio boyante, sobre todo cuando, según el Buró de Crédito, cerca de 5 millones de personas tienen retrasos en pagos de sus créditos de tarjetas, hipotecas o automotrices.
Al entrevistar dos gestores de cobranza nos mencionaban que los bancos y tiendas pagan a los despachos comisiones de 15% a 20% de la suma recuperada, el despacho donde trabajan recibe hasta 300 mil pesos por recuperar cartera de cada producto que maneja.
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