Las Inversiones en México

por admin

en Economía

El año pasado se abortaron proyectos de inversión que hubieran sumado 4 mil 963 millones de dólares, suma que nos costó, nada más en el 2002, lo chueco de las leyes y la necedad de los retrógradas.

Hay que insistir en el tema: sin inversiones no hay progreso económico, y sin progreso económico no hay mayor bienestar material, el mismo al que, una y otra vez, aspiran millones de mexicanos que hoy, al igual que ayer (¿y al igual que mañana?), sobreviven en la pobreza. ¿Cómo andamos en México en materia de inversiones? ¿Cuál es, desde nuestra actitud ante las inversiones, hasta el marco jurídico que las rige?

Lo he escrito muchas veces: en materia de inversiones, el marco jurídico de nuestra economía deja mucho que desear, comenzando, ni más ni menos, por la Constitución, que no reconoce plenamente, no define puntualmente, y no garantiza jurídicamente, ni la libertad para emprender (¡para invertir!), ni la propiedad privada sobre los medios de producción (¡los capitales invertidos!), lo cual limita, de manera considerable, las posibilidades de inversión en nuestro país, limitando, a su vez, las posibilidades del progreso económico y del bienestar material.

Pero no solamente el marco jurídico limita las posibilidades de inversión en nuestro país: la actitud de muchos mexicanos (que son muchos, pero de ninguna manera mayoría, aunque sí muy ruidosos) ante el origen y el destino de los capitales se ha convertido en un obstáculo serio para las inversiones. ¿Cuántos proyectos de inversión han fracasado, no porque el proyecto fuera descabellado, sino porque la reacción de algunos grupos fue desproporcionada, más producto de la estupidez que de la inteligencia, tal y como fue el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o del McDonalds de Oaxaca?

Para darnos una idea de la magnitud del problema, caigamos en la cuenta de lo que afirma el Centro de Estudios Económicas del Sector Privado, el CEESP: solamente en el 2002, las protestas ciudadanas, la mayoría de ellas apoyadas en “argumentos” ambientalistas, impidieron inversiones en obras de infraestructura por 2 mil 100 millones de dólares, sin tomar en cuenta los 2 mil 863 millones de dólares que se iban (¡iban, iban, iban!) a invertir en la construcción del ya mentado aeropuerto de la Ciudad de México, proyecto que, gracias al triunfo de la arbitrariedad sobre la autoridad, abortó.

En materia de inversiones el problema es doble. En primer lugar, el marco jurídico de la economía mexicana, que al no reconocer plenamente, no definir puntualmente, y no garantizar jurídicamente, ni la libertad para emprender (para invertir), ni la propiedad privada sobre los medios de producción (los capitales invertidos), limita las posibilidades de inversión. En segundo término, la mentalidad de muchos individuos que, por convicción, o por manipulación, se oponen a la inversión, sobre todo si es privada, y todavía más si es extranjera, abortando proyectos de inversión que, nada más el año pasado, hubieran sumado 4 mil 963 millones de dólares, suma que nos costó, en el 2002, lo chueco de las leyes y la necedad de los retrógradas.

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